El reclamo asciende a $146.500.000 e incluye daños físicos, psicológicos y morales, luego de que el menor sufriera una fractura severa del cúbito y radio de su brazo izquierdo, producto de un empujón intencionado por parte de un compañero. 

Según explicaron los abogados representantes del menor, el caso expone serias fallas en el sistema educativo provincial para gestionar y prevenir situaciones de acoso, así como la omisión del Estado en garantizar la seguridad de los estudiantes dentro de las instituciones.

Los hechos

El episodio tuvo lugar el 6 de junio de 2024 en la Escuela N.º 4 "Bartolomé Mitre" de Bahía Blanca. Según la demanda, el niño fue empujado de manera intencionada por un compañero que lo había estado hostigando previamente, en un contexto de bullying que ya había sido denunciado por los padres de la víctima sin que la escuela adoptara medidas efectivas para prevenir más agresiones. El empujón provocó que el niño cayera y sufriera la fractura grave de su brazo izquierdo, lo que motivó dos intervenciones quirúrgicas y un proceso de recuperación prolongado.

"Este caso ya había sido advertido a las autoridades de la escuela por los padres del menor, pero la institución no tomó las medidas necesarias para evitarlo. El niño fue empujado con la intención de hacerlo caer, y eso provocó la fractura", explicó el abogado de la familia, Claudio Venchiarutti, del Estudio Jurídico VPF & Asociados.

La demanda

La acción judicial, presentada por Uriel Dupouy en representación de su hijo, busca una reparación económica no solo por las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos que el niño debió afrontar, sino también por el profundo daño psicológico que ha sufrido. El menor, según el informe psicológico de la Lic. Daniela Albanese, presenta síntomas de ansiedad, miedo y retraimiento social, y requerirá apoyo terapéutico a largo plazo.

El abogado Venchiarutti subrayó que la escuela no solo omitió su deber de intervenir ante los reiterados episodios de bullying, sino que además no activó el seguro escolar que debería haber cubierto los costos médicos. "Lo más grave es que, ante la falta de acción de la escuela, los padres debieron afrontar los gastos de las cirugías y tratamientos por su cuenta, ya que no se tramitó el seguro escolar como correspondía. La única respuesta que recibieron fue la propuesta de realizar una colecta, lo que refleja una falta de profesionalismo absoluta", afirmó el letrado.

La demanda incluye un reclamo por las secuelas físicas, el daño psicológico que afecta el desarrollo del menor, así como el impacto emocional y moral sobre su bienestar general. Además, se plantea la responsabilidad objetiva del Estado y de las autoridades educativas por no garantizar la seguridad del niño dentro del ámbito escolar, conforme lo estipulan la Ley de Educación Nacional y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Secuelas y consecuencias
 

El niño, que estuvo varios meses sin poder asistir a clases, finalmente se reincorporó en octubre, aunque con restricciones: no puede participar en actividades físicas, como fútbol, que solía realizar antes del accidente. "La incapacidad física es cuantificable, pero también está el daño emocional que este tipo de situaciones generan en un niño, como el hecho de no poder volver a realizar sus actividades diarias", expresó Venchiarutti.
 

El abogado destacó que la familia sigue preocupada por la falta de garantías de que el bullying no se repita. "El padre del menor nos planteó su inquietud: ¿qué le asegura que esto no volverá a pasar? La escuela no ha tomado medidas claras para evitar nuevas agresiones, y eso ha sido una motivación central para presentar la demanda", agregó.
 

Por eso la denuncia “no se trata solo de la reparación económica, sino de llamar la atención sobre una situación evitable. Los padres ya habían denunciado el bullying, y no se actuó a tiempo. Queremos que esta demanda sirva de advertencia a las autoridades y que se tomen medidas para evitar que otros niños sufran lo mismo".
 

El proceso judicial, que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata, podría sentar un precedente importante en la responsabilidad del Estado frente a casos de acoso escolar, y generar un cambio real en la forma en que las escuelas y el Estado enfrentan el bullying.
 

La demanda involucra a la Provincia y a Provincia Seguros como cita en garantía, y las partes demandadas ahora tienen un plazo de 45 días para responder. Mientras tanto, la familia del menor continúa lidiando con las secuelas de un caso que, según afirman, podría haberse evitado con una intervención previa.