Arrestaron a tres policias de la Bonaerense por torturas en la Comisaría 2 de Ensenada
El Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata ordenó el pasado viernes 28 de marzo la detención de los policías bonaerenses Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, imputados por los delitos de torturas y falsedad ideológica. Los tres están acusados de participar en una feroz represión ocurrida en la madrugada del 21 de octubre de 2024 en el interior de la Comisaría 2 de Ensenada.
Según la investigación impulsada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic (UFI 3), entre 30 y 40 efectivos de distintas dependencias policiales irrumpieron en los calabozos de la comisaría tras una protesta de los detenidos por sus condiciones de reclusión. La represión fue calificada como “excesiva y desproporcionada” e incluyó el uso de postas de goma disparadas a quemarropa, gases lacrimógenos y chorros de agua a alta presión con gas pimienta, en un contexto de oscuridad total tras el corte deliberado de la electricidad.
A lo largo de la madrugada, los detenidos fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psicológicas. Luego de ser reducidos, fueron obligados a pasar por el “puente chino”, una práctica de tortura que consiste en hacerlos caminar entre dos filas de policías que los golpean sin cesar. Posteriormente, los desnudaron, los maniataron con precintos y los colocaron boca abajo en el suelo, donde continuaron recibiendo golpes y amenazas de muerte. Además, sufrieron abusos sexuales y humillaciones, como la obligación de besarse entre ellos.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Su rápida intervención permitió la recopilación de testimonios y pruebas que fueron clave para la imputación de los policías involucrados. Previamente, el subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada, Carlos Dabalioni, se había constituido en la comisaría y entrevistado a los detenidos, constatando su grave estado.
El juez Eduardo Silva Pelossi ordenó la detención de Ponce y Altamiranda, mientras que Barrientos ya se encontraba en prisión tras haber sido condenado en diciembre de 2024 por otro caso de torturas en la Unidad Penal N° 26, en el marco de una violenta requisa en una comisaría de Berisso.
Además de la acusación por torturas, los imputados también enfrentan cargos por falsedad ideológica de documento público. Tras los hechos, falsificaron actas oficiales para justificar la represión, argumentando falsamente que los detenidos poseían armas de fabricación casera y que planeaban una fuga, e incluso que se habían agredido entre ellos.
